Entre la adaptación y la sospecha: empresas reconvertidas con la pandemia

Por: La diaria - Natalia Uval, Juan Aldecoa y Stephanie Demirdjian

Estaba todo listo para comenzar a preparar los pedidos de la temporada de invierno. Los materiales, los modelos de zapatos, la mano de obra. Pero el 13 de marzo, el gobierno uruguayo decretó la emergencia sanitaria por el coronavirus y se paralizaron las ventas. La empresa Dersolan S.A. tuvo que buscar entonces un plan b para adaptarse a la nueva realidad y sobrevivir.

No fue la única. En la región hay varios casos de empresas que adoptaron líneas de negocio nuevas vinculadas a la pandemia. Algunas lo hicieron para aprovechar el contexto e incrementar sus ganancias; otras emprendieron negocios de ventas o importación de mascarillas, ventiladores y otros insumos como forma de evitar la quiebra. Dersolan S.A. forma parte del segundo grupo. Es una empresa familiar de calzado que nació en la década del 60. Además de fabricar zapatos, también importa equipamientos de hotelería, como carros de limpieza, ropa de cama, almohadas, bandejas o apoya maletas. “Tratamos de abrir un poco más el abanico porque, con el calzado nacional solo, está complicado”, cuenta Alejandro Biasiolli.

Alejandro se encarga de las ventas junto a su hermano. El papá, que hoy tiene más de 80 años, es el fundador de la empresa y se mantiene como director, aunque en estos días ejerce el cargo a la distancia, para cuidar la salud. La página web dice en la parte institucional que la filosofía de la empresa no es “hacer negocio simplemente” sino, además, “crear algo valioso” y “que tenga trascendencia” en la sociedad.

La pandemia de Covid-19 no es la primera crisis que golpea a esta empresa uruguaya, que ya había tenido que ajustarse después de la crisis del 2001 en Argentina, un país del que dependía gran parte de sus exportaciones. “El 2002 fue un año bisagra para nosotros”, recuerda Alejandro; “tuvimos que reducir la cantidad de personal y a partir de ahí fueron años muy complejos. Pero, después de mucho trabajo, dedicación y desgaste, pudimos salir adelante”.

Hoy intentan emplear la misma fórmula para sobrevivir en el mercado. La empresa sigue de pie y da batalla en un escenario local en el que muchas fábricas tuvieron que cerrar, los comercios quedaron suspendidos durante tres meses y más de 150.000 trabajadoras y trabajadores accedieron al seguro de paro, según muestran las cifras del Banco de Previsión Social hasta mayo. Los tapabocas aparecen en este contexto como un bote salvavidas al cual aferrarse para mantenerse a flote.

La idea de empezar con la venta de tapabocas surgió “de la necesidad del mercado”, explica Alejandro. “Vimos que la enfermedad iba creciendo de una manera desmedida y que en Argentina se estaba complicando. Prestamos atención a estas señales y, después, cuando el virus empezó a aparecer en varios lados, vimos que lo que se veía en las imágenes, todo el tiempo, eran tapabocas. Se notaba que la enfermedad era muy volátil”. Tarde o temprano, pensaron, serían útiles y necesarios también en Uruguay.

La empresa trabaja con dos tipos de tapabocas. Por un lado, confeccionan sus propios barbijos de neopreno, que no tienen elástico y son lavables, para vender a privados. Pese a que esos tapabocas son fáciles de confeccionar, la empresa familiar no tiene la capacidad de producir de forma masiva, por lo que, además, revenden tapabocas reciclables que elabora otra empresa uruguaya. Estos son los que han vendido a organismos del Estado, logrando ocupar el cuarto lugar en el ranking de empresas beneficiarias de compras estatales de mascarillas.

“Fue un giro de 180 grados”, dice Alejandro acerca de los cambios que se vieron obligados a implementar cuando llegó la pandemia al país. El vendedor no cree que sigan haciendo tapabocas durante mucho tiempo más, porque “ya se está dejando de lado y también hay mucha oferta”. Sin embargo, asegura que “gracias a Dios” fue una decisión “exitosa”, porque le permitió a la empresa seguir trabajando sin tener que cerrar la fábrica, “como quizás les pasó a otras”.

Buen ojo para los negocios

Otras empresas se dedicaron a la importación de insumos como una forma de incrementar sus ganancias, pero al igual que Dersolan SA, se trata de un rubro que asumieron de forma circunstancial. Es el caso de la empresa mobiliaria uruguaya Bertoni. Matías De Uribarri, ejecutivo de ventas de Bertoni, contó que la empresa ya tenía clientes del rubro médico, por ejemplo las mutualistas La Española, Casa de Galicia, CASMU, Medicina Personalizada (MP) y el Hospital Británico, a quienes les vendía pisos hospitalarios y camas médicas. Aprovechando la infraestructura que ya tenían para la importación, la utilizaron para comprar mascarillas y venderles a mutualistas que ya eran clientes suyos. Pero esta línea de negocios “es circunstancial, nada más”, aclaró De Uribarri.

En Perú, más de 33 millones de mascarillas (alrededor de 155 toneladas) salieron rumbo a China entre enero y marzo de este año. Estos productos, valorizados en US$4.9 millones, salieron por vía aérea hacia el país de origen del brote del Covid-19.

De acuerdo a cifras oficiales del gobierno peruano, un grupo de 70 empresas de dicho país enviaron sus cargamentos al gigante asiático, mientras la enfermedad se expandía a Europa y a América Latina; y al mismo tiempo se reportaba el desabastecimiento de mascarillas en el mercado peruano.

Un grupo de 12 compañías lideraron los envíos a China, principalmente en febrero. Entre ellas, destacan empresas creadas recientemente, entre 2018 y 2019, así como otras que cambiaron su giro de manera sorpresiva ya que se dedicaban a la exportación de productos disímiles (ropa, conservas, alimentos, adornos) o la importación de autopartes, en casos similares a los de otros países de la región. También hubo compañías, gran parte de ellas ubicadas en el centro de Lima, que exportaban por primera vez en las actuales circunstancias o que habían dejado de hacerlo durante años y que de pronto activaban sus procesos para despachar mercadería al extranjero.

Recién el 8 de abril Perú ordenó que los cargamentos de mascarillas y otros insumos sanitarios no salgan del país hasta que tengan una opinión favorable de su Ministerio de Salud. Tres días después, el primer ministro en este país, Vicente Zevallos, incluso llegó a hablar de la requisa de dichos productos. Para aquella fecha, casi todas las empresas con acceso a las mascarillas habían despachado sus productos al extranjero.

La uruguaya Dister Joyas SRL también comenzó a incursionar en el rubro médico a raíz del surgimiento de la covid-19, pero llegó para quedarse. “Sin dudas, nos vamos a quedar en el rubro”, aseguró el dueño de la empresa, Diego Pérez. Dister Joyas tiene una oficina en Asia que paralizó completamente sus actividades a raíz de la pandemia de covid-19.

La importación y venta de mascarillas “se vio como una oportunidad en la crisis”, y la empresa consiguió venderle los productos que importó a operadores de la salud en Uruguay, principalmente mutualistas y emergencias médicas.

Según afirmó Pérez, recientemente Dister Joyas SRL resultó adjudicataria de compras de mascarillas por parte del Estado, y tiene medio millón de mascarillas en tránsito, que en breve ingresarán al país. Además, desde la oficina de la empresa en Asia han vendido mascarillas a otros países de América Central y América del Sur. Y esto parece ser sólo el comienzo. Pérez aseguró que están evaluando la posibilidad de comercializar “otras familias de insumos médicos”.

Cambios sospechosos

En otros casos, las empresas han cambiado sus razones sociales para venderle a los Estados insumos vinculados a la pandemia. En Colombia, la celeridad con la que las autoridades de ámbito nacional, regional y local han tenido que contratar el suministro de insumos para combatir el coronavirus deja casos sospechosos como el de Turnkey Logistics Consultants S.A.S, que el 27 de abril firmó con la Secretaría de Salud del Valle del Cauca un contrato por $29.595.037.890 (US$ 7.325.740,14) para la compra de 300 ventiladores (a razón de US$ 24.419,13 pesos por ventilador). Un mes después de la firma de dicho contrato, Turnkey, cuya actividad principal es “Otras actividades complementarias al transporte” cambió su razón social para adaptarse a las necesidades del contrato firmado con el Estado.

Esto deja un manto de duda sobre la idoneidad de Turnkey para proveer material sanitario como ventiladores hospitalarios. A esto, cabe agregar que Turnkey en el pasado ha importado productos de las empresas California Tattoos y Alcoholes Finos Dominicanos, este último con productos tales como alcohol etílico natural, dióxido de Carbón, biomasa y fertilizantes.

Algo similar ocurrió con la comercializadora mexicana Cruhoz, fundada en 2015, que tiene como objeto social lo relacionado con la construcción, compra, venta y distribución de productos para la construcción, según su acta constitutiva. Sin embargo, vendió 10.825 mascarillas quirúrgicas para la COVID19 a 8,36 pesos cada una (0,34 centavos de dólar), es decir, un monto total de 907,76 dólares. La compra a la firma creada en Oaxaca, en México, y propiedad de Mario Enrique Ortega Toward y Carlos Enrique Zacarías Ramírez, fue realizada por Telecomunicaciones de México.

En Guatemala, las empresas no han tenido necesidad de cambiar sus razones sociales. La capital contrató cuatro veces a Discogua que desde 2004 vende materiales de construcción, electricidad, equipos de protección industrial, entre otros, y ahora distribuye insumos para desinfectar las calles e instalaciones municipales. La alcaldía no le exigió el requisito sanitario.

La municipalidad de San José, Escuinta, que dista 86 kilómetros de la capital, compró mascarillas de prolipropileno, mascarillas N95, termómetros infrarrojo frontal, lentes protectores y guantes a Tranmaq. La constructora obtuvo dos contratos para balastar caminos a principio de año y tampoco se le exigió registro que garantizara la calidad.

Tranmaq entregó 1 mil 500 mascarillas N95 que vendió a US$2.57 cada una y otras 22 mil de tipo polipropileno a US$0.73, según el acta publicada en el portal de compras. La municipalidad no se preocupó por los requisitos de calidad, como tampoco otros nueve gobiernos locales que priorizaron precio y tiempo de entrega. Garantizar los estándares del producto pasaron a un segundo plano.