La leche prometida

Contrataciones estatales de productos lácteos en América Latina: concentración, irregularidades y programas que no llegan a los sectores vulnerables

La leche es un alimento común en la mesa de las familias latinoamericanas. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), este producto proporciona entre el 12% y 14% de las grasas alimentarias en las Américas. Por su valor nutricional, la leche es parte central de los programas de alimentación escolar dirigidos a los sectores más vulnerables. Las contrataciones que realizan los gobiernos latinoamericanos con empresas privadas para el suministro de productos lácteos en el marco de estos programas tienen una intención loable, pero en su aplicación se detectan fallas, irregularidades e incluso alertas de corrupción, según pone de manifiesto una investigación colaborativa realizada por Datasketch de Colombia, El Faro de El Salvador, La Diaria de Uruguay, La Nación de Argentina, Ojo con mi Pisto de Guatemala, Ojo Público de Perú y PODER de México. Este trabajo periodístico regional brinda un panorama de la producción y comercio de leche en América Latina e identifica quiénes son los principales beneficiarios de las contrataciones estatales de productos lácteos en los países analizados.

América Latina es un importador neto de productos lácteos, según datos de Cepal. Sólo en los casos de Argentina y Uruguay, la producción láctea está entre los principales rubros de exportación. En México, se consumen 15.000 millones de litros cada año, pero sólo se producen 12.000 millones. Según consigna la investigación de PODER, la importación de leche en polvo se ha incrementado en ese país, pese a que el gobierno sostiene lo contrario: entre 2016 y 2018 pasó de 34,5 a 51,6 millones de kilos.

Las empresas transnacionales están entre las principales beneficiarias de las contrataciones públicas de leche en países como México y Colombia. En Colombia, la multinacional suiza Nestlé firmó 25 contratos con el Estado colombiano desde 2011, la mayoría de ellos con el Instituto Nacional de Bienestar Familiar para suministrar leche a menores de edad en situación de vulnerabilidad en el país, señala el informe de Datasketch. En México, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, las empresas extranjeras recibieron por adjudicación directa casi un tercio del monto pagado por concepto de compra de leche o servicios asociados, según la investigación realizada por PODER. Durante el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las empresas extranjeras han recibido el 61% del total gastado por la compañía paraestatal reguladora y distribuidora de leche, Liconsa, en la compra de leche en polvo.

En algunos países, las empresas que contratan con el Estado para el suministro de productos lácteos son financistas de campañas electorales. En Colombia, una de las mayores beneficiarias de contratos estatales es la empresa La Recetta Soluciones Gastronómicas. El Grupo Nutresa es uno de los principales accionistas de esta empresa, y es también el grupo que financió en 2018 la campaña electoral de un candidato a la Cámara de Representantes, Óscar Darío Pérez Pineda (Centro Democrático), y del excandidato a la alcaldía de Medellín en 2015, Héctor Manuel Hoyos (Polo Democrático Alternativo), según relevó Datasketch.

El vaso vacío

Los programas Vaso de Leche, dirigidos a niños y niñas en edad escolar y en situación de vulnerabilidad, están presentes en varios países de América Latina. En Perú, por ejemplo, el programa tiene una historia de casi 35 años. El programa apunta a mejorar la alimentación en las zonas más pobres de la región. Sin embargo, en algunos países la realidad dista mucho de las promesas y anuncios de los gobiernos.

Los niños de las 2.000 escuelas más pobres de El Salvador nunca recibieron la leche prometida en el marco del programa El Vaso de Leche. Según muestra la investigación de El Faro, los dos gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador no otorgaron los recursos necesarios para que el programa llegara a las escuelas más pequeñas y alejadas de los centros urbanos. Estas escuelas deben conformarse con leche en polvo provista por otros programas, cuando el 25% de ellas ni siquiera tiene acceso al agua potable. La leche en polvo tiene un valor nutricional menor que la leche líquida. En ocho años, el gobierno de El Salvador invirtió 48 millones de dólares en el programa Vaso de Leche, pero el alimento sólo llegó al 60% de las escuelas, las que tienen mejor acceso y mejor infraestructura, acentuando la inequidad.

En Perú, Ojo Público detectó irregularidades y alertas de corrupción en las contrataciones del Programa del Vaso de Leche. La principal beneficiaria de las compras estatales entre 2015 y 2018 fue la empresa NIISA; ganó concursos públicos sin tener que enfrentar competencia, pese a que esto está prohibido por la normativa peruana. El 3,3% de los contratos se le adjudicaron directamente. En 225 contratos participó como único postor, y sólo compitió en 25 licitaciones. Sin embargo, en 9 de esas 25 licitaciones, compitió -y ganó- con una empresa denominada Distribuidora de Productos Andinos, que comparte terrenos y un inmueble con la propia NIISA, según reveló Ojo Público. En Perú está prohibido por ley que los integrantes de un mismo grupo económico compitan entre sí por contratos públicos.

En Colombia, el equipo de Datasketch encontró irregularidades en una licitación realizada en 2012 para proveer de desayuno y almuerzo a los niños y niñas de poblaciones vulnerables, en el marco del Programa de Alimentación Escolar. El monto efectivo de la contratación fue más del doble de lo que se informa oficialmente. Además, uno de los contratistas incumplió con la calidad de los alimentos y cambió los alimentos ofrecidos. También se registraron incumplimientos sistemáticos en el suministro de implementos de aseo.

En Guatemala, el diputado Carlos Rafael Fión Morales impulsó la Ley de Alimentación Escolar en 2018. La norma benefició a las escuelas públicas del país porque casi cuadruplicó lo invertido en alimentación, pero también benefició a las empresas propiedad de la familia del legislador, según revela la investigación de Ojo con mi pisto. Una de las principales beneficiadas es Tecno Suministros SA, creada por uno de los hijos del diputado y socio de él en Todo Terreno Milk. Esta última empresa también es proveedora del Estado, pese a que en Guatemala está prohibido por ley que un legislador le venda al Estado.

En Argentina, desde 2014 hasta la actualidad el Estado bajó casi a la mitad la entrega de leche en polvo fortificada a los menores de entre cero y cinco años, según el análisis realizado por el equipo de datos de La Nación. Esta baja se da en un país que registra un fuerte incremento de la pobreza en los últimos años: en 2018, casi la mitad de los niños y niñas argentinos estaban en esa situación. A esto se suma que el Ministerio de Salud de ese país subejecutó la entrega de leche en los últimos cinco años; la meta programada a comienzos de 2014 era de 16.000 kilos de leche, y a 2018 se había ejecutado la entrega de poco más de la mitad de esa cantidad (8.300 kilos).

Aquella solitaria vaca

Los productores lecheros de los países de América Latina muchas veces están en condiciones desventajosas respecto a las grandes empresas extranjeras. Los tratados de libre comercio habilitan el ingreso de leche en polvo subsidiada libre de impuestos en algunos países de la región. En México, los productores nacionales proyectan que la firma del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPPP) los perjudicará, al habilitar el ingreso de leche libre de impuestos proveniente de países productores, como Nueva Zelanda, según consigna PODER en su investigación.

Las empresas extranjeras beneficiarias de estos acuerdos de libre comercio son en general externas a la región. Pese a que en América Latina hay países exportadores e importadores de leche, el comercio intrarregional es escaso. Según el análisis de datos realizado por La Diaria, el 62,7% de los ingresos que percibe Uruguay por sus exportaciones de productos lácteos proviene de la leche en polvo, pero de sus cuatro principales compradores, tres son externos a la región: Argelia, China y Rusia. El cuarto es Brasil.

No hay políticas públicas que protejan los intereses de los productores lecheros nacionales, especialmente los pequeños, y aumenten sus capacidades. O cuando las hay, no funcionan adecuadamente. En Uruguay, los pequeños productores lecheros enfrentan, entre otros problemas, un mercado que se concentra cada día más -los establecimientos con lechería comercial de hasta 50 hectáreas disminuyeron 41,2% entre los ejercicios agrícolas 20092010 y 20161017-, la disminución de las ganancias que obtienen en relación al costo de producción, la competencia desigual del mercado informal y condiciones de licitación de las compras públicas que no tienen en cuenta las características de la producción familiar. Un mecanismo de apoyo diseñado para los pequeños productores, la Ley de Producción Familiar Agropecuaria, preveía una reserva del 30% del mercado de las compras públicas para productores familiares. Según la investigación de La Diaria, pese a que existen 25.000 productores familiares en el país, la ley sólo fue utilizada por 13 organizaciones, y una sola de ellas es de productores lácteos.

Algunos gobiernos, como los de El Salvador, han utilizado los programas de alimentación escolar con leche como una vía para reactivar la ganadería nacional. Les pagan la leche a los ganaderos por encima del precio del mercado, aunque esto no ha permitido reactivar ese sector productivo en el país, ya que la participación del Estado en las compras es marginal: sólo compra el 2% de la leche fluida que se produce en El Salvador, según consigna El Faro en su investigación.

Las contrataciones públicas estatales de productos lácteos podrían ser una palanca de fomento de la producción lechera nacional y familiar, pero los estímulos no son suficientes. Y aunque la leche es un alimento clave para el desarrollo de las niñas y niños latinoamericanos, los programas de alimentación escolar presentan fallas de implementación e irregularidades que afectan a las poblaciones más vulnerables.

*Las investigaciones completas por país pueden leerse en los sitios de los medios mencionados.